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En Colombia se ha abierto el debate tras conocerse propuestas y avances normativos que buscan garantizar derechos laborales a las personas privadas de la libertad, incluyendo acceso a salario, pensión y protección frente a riesgos laborales.
La medida se basa en la Resolución 5130 de 2023 y en actualizaciones impulsadas por el Ministerio de Trabajo, que buscan fortalecer el proceso de resocialización a través del trabajo digno dentro de los centros penitenciarios.
¿Qué plantea la iniciativa?
El modelo permitiría que los internos que realicen actividades laborales reciban una remuneración bajo condiciones reguladas, con jornadas que no superen las ocho horas diarias.
Además, se contempla que:
- Una parte del ingreso se destine a sus necesidades básicas
- Otra pueda ser enviada a sus familias
- Se genere ahorro para su reintegración a la sociedad
- Se realicen aportes al sistema de pensión
Impacto en el sistema penitenciario
Se estima que la medida podría impactar a más de 100.000 personas privadas de la libertad en el país, aplicando tanto para trabajos dentro de los establecimientos como en convenios con entidades públicas y privadas.
Un debate abierto
La propuesta ha generado opiniones divididas.
Algunos sectores consideran que estos beneficios fortalecen la resocialización y reducen la reincidencia.
Otros cuestionan que, en un país con altos niveles de informalidad laboral, este tipo de medidas puedan generar controversia frente a las condiciones de millones de ciudadanos.
Costos y contexto
Actualmente, mantener a una persona privada de la libertad en Colombia representa un costo aproximado de más de dos millones de pesos mensuales para el Estado, lo que también pone sobre la mesa la discusión sobre sostenibilidad y eficiencia del sistema penitenciario.